VIDEO-La firma que autorizó el acuerdo es falsa

El feminicidio de la abogada Anibel González Ureña el pasado 31 de agosto ha dejado al en claro un sistema judicial plagado de fallos en los procedimientos de atención a las víctimas de violencia de género, que este año se ha cobrado la vida de más de 36 mujeres.

El mar de preguntas se ha concentrado en cómo su expareja, el comerciante en el área de mueblería y electrodoméstico Yasmil (Ray) Fernández pudo salir de la cárcel a tan solo 18 meses de haber tratado de asesinar con un cuchillo a Anibel, el 2 de diciembre del 2017.

La primera reacción que tuvo la Procuraduría General de la República a este homicidio-suicidio de la pareja fue designar una investigación. El domingo 1 de septiembre que enterraron a Anibel, la institución anunciaba el inicio de una investigación a cargo del magistrado Bolivar Sánchez y de Ana Andrea Villa, titular de la Dirección Contra Violencia de Género. Y como si fuera para justificarse, la Procuraduría también informó que el imputado salió de la cárcel en virtud de un acuerdo penal abreviado que había firmado la propia víctima.

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